Es el Organismo que se encarga de manejar la participación accionaria del Estado Dominicano en las empresas reformadas, teniendo responsabilidad de Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en los contratos suscritos con inversionistas y arrendatarios privados.
El mismo tiene la potestad de realizar proyectos previo a la reserva de recursos para sus operaciones y buen funcionamiento de la institución, según la Ley 124-01 de fechas 24 de julio del 2001.